El Tribunal Supremo ha estimado -parcialmente- un recurso contra Volkswagen Audi España y le atribuye la responsabilidad que como fabricante tenía en el dispositivo ilegal de control de emisiones en motores diésel, por lo que tendrá que pagar 500 euros a un cliente afectado.
En España, las compensaciones por parte del consorcio alemán son una anomalía. De hecho, ha recurrido recientemente la sentencia, retrasando la indemnización de 3.000 euros por afectado.
La sentencia establece que Audi tenía la responsabilidad como fabricante de solucionar del reconocido ‘problema’ a través de sus servicios oficiales, tal y como estipuló en una carta que envió a sus clientes.
Pero no lo hizo.
Así, ha calificado el incumplimiento del contrato como “intencionado y doloso”:
“La Sala considera que el demandante, en el contexto del escándalo público que supuso el descubrimiento del comportamiento de la fabricante, sufrió un daño moral consistente en la incertidumbre y el desasosiego derivado de las consecuencias inciertas de este”, explica la sentencia.
Sin embargo, no se atribuye responsabilidad alguna al concesionario al no acreditarse que conociera la instalación de dicho dispositivo.
Se trata de una victoria casi simbólica, pues el afectado reclamaba la suma de 11.376 euros por los daños morales sufridos y 6.644 euros por los intereses y gastos de financiación, además de otros 15.000 euros por daños y perjuicios causados por la depreciación del vehículo.
Algo que el Tribunal Supremo ha considerado una suma “manifiestamente desproporcionada”.
En Alemania los afectados podrán ser indemnizados incluso aunque hayan vendido ya su coche, un fallo que el fabricante alemán ha recurrido, al igual que ha hecho en otros países europeos en los que ha sido condenado.
Hasta junio de este año, el consorcio ha pagado más de 33.000 millones de dólares en todo el mundo en multas, acuerdos financieros y compensaciones a clientes desde que se destapara el escándalo en 2015. Pero no a clientes españoles, donde los afectados encuentran muchas dificultades para que se estimen sus demandas, y solo se puede hacer por vía judicial.
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